El PSOE blinda en el nuevo Estatuto vasco la equiparación entre las víctimas de ETA y sus asesinos

El borrador conjunto de PNV, PSOE y Podemos para la actualización del Estatuto vasco confiere un trato equitativo a «todas las víctimas», una referencia implícita tanto a los asesinados por ETA como a los terroristas que denuncien haber sufrido maltrato por parte de las Fuerzas de Seguridad y a quienes el Gobierno vasco ya amparó en la polémica ‘Ley de abusos policiales’, recurrida por PP y Ciudadanos al Tribunal Constitucional.

El texto para actualizar el Estatuto, que será registrado este lunes en el Parlamento vasco, junto a las propuestas de PP y Bildu, señala, en su artículo 17 (‘Derechos de las víctimas’) que: «Se reconoce a las víctimas el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación» y añade que «los poderes públicos vascos garantizarán el reconocimiento y la atención integral de todas las víctimas velando por la salvaguarda de la memoria de aquellas que hayan sufrido vulneración de derechos humanos».

La redacción aparece en el Título I de la propuesta que será entregada por nacionalistas, socialistas y Podemos, bajo el epígrafe ‘Derechos de las personas’, en el que se reconocen, además, los derechos de mujeres, inmigrantes, personas con discapacidad o minorías. Todos ellos, según el texto, como «principios generales y valores superiores».

El artículo en cuestión da continuidad al ambiguo discurso que sirve al Gobierno vasco para avalar el reconocimiento de las presuntas víctimas de actuaciones de Policía y Guardia Civil, en un intento de blanquear el terrorismo. Algo que ha sido muy criticado por asociaciones y partidos de la oposición.

En este propósito, el PNV ha contado con el apoyo de los socialistas, sus socios en el Gobierno vasco. Sin ir más lejos, al poco tiempo de llegar a La Moncloa, el propio presidente en funciones, Pedro Sánchez, pactó con el lehendakari, Iñigo Urkullu, retirar el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy a la anterior Ley de abusos. Tras ello, el Ejecutivo vasco aprobó una modificación -con la abstención de Bildu y Podemos y el respaldo de PSE- que reconocía a las víctimas de abusos policiales cometidos en el País Vasco entre 1978 y 1999.

Dicho reconocimiento compete a una Comisión de Valoración, de claro sesgo político y al margen del poder judicial, integrada por un representante de la Dirección de Derechos Humanos, dos peritos forenses y un psicólogo designado por el Instituto Vasco de Medicina Legal y seis expertos.

Sin juicio

Las asociaciones policiales han criticado abiertamente esta Ley que, destacan, les criminaliza. El propio Gobierno vasco considera, en base a un estudio que presentó en diciembre de 2017, que existirían más de 4.000 denuncias por posibles casos de abusos, en las últimas cuatro décadas. El informe provocó en su día una fuerte reacción por difundir la idea de una «tortura generalizada» en base únicamente a los testimonios de los presuntos torturados, obviando que sólo existieron condenas en una veintena de casos.

Como reveló OKDIARIO, la Ley -que recaba ya las denuncias de los presuntos afectados- permite el reconocimiento como ‘víctima’ únicamente en base a una entrevista y un test psicológico. 

La Comisión podrá realizar entrevistas al solicitante, «recabar antecedentes, datos o informes» del Gobierno vasco y otras administraciones u órganos públicos o privados, solicitad diligencias policiales, expedientes judiciales, informes médicos o de autopsia, así como informaciones de fuentes periodísticas y documentales. También podrá solicitar testimonio de testigos o personas relacionadas con los hechos en cuestión. Con estos datos emitirá un informe técnico, que será fundamental para acreditar la condición de ‘víctima’.

En este punto, se indica que «cuando en los informes o documentos aportados existan evidencias médicas y/o psicológicas suficientes sobre la relación de causalidad entre las vulneraciones de derechos humanos referenciadas y las lesiones alegadas, se podrá resolver pericialmente sin necesidad de realizar una nueva entrevista a la persona solicitante».

No obstante, en los casos en que «no hay pruebas suficientes» sobre dicha compatibilidad, se procederá de nuevo a una entrevista al propio interesado y, en su caso, a pruebas complementarias, como test psicológicos y «opcionalmente» un reconocimiento médico.

Según esta Ley, el Gobierno vasco podrá investigar, sin juicio, casos de presuntas vulneraciones de derechos humanos, bien sea con resultado de muerte, lesiones permanentes invalidantes o no, casos de maltrato grave y otros casos que se determine.

En el texto se expone que «la vulneración de derechos se podrá acreditar, por cualquier medio de prueba admisible en derecho sin que sea preciso que haya existido un proceso judicial previo».